Entrar en un salón de juegos es percibir, de forma consciente o no, que se penetra en un lugar donde nada es casual ni inocente. La opacidad de las estancias, la limpieza de las superficies, la ausencia de alcohol de alta graduación en las barras, la lista de nombres en la pantalla del ordenador, la formalidad del personal. Como en un quirófano, el espacio transmite que en realidad se trabaja con material delicado. La asepsia exterior revela que ahí dentro se producen cambios profundos a nivel interno y que son pocos los que entran igual que como habían entrado.
España sabe desde antiguo que es mejor para las arcas administrar las adicciones de la población desde el principio que luchar contra algo que siempre va a existir, dentro o fuera de la legalidad. No en vano, nada más descubrir el tabaco sometió la producción y venta de esta planta sin beneficios para el organismo pero enormemente demandada al estricto control estatal. A día de hoy sigue ingresando grandes sumas en impuestos por un sistema de estancos creado en el sigo XVI.
Más tardía, pero con vocación similar, es la creación de una administración de loterías y apuestas. Desde el siglo XIX, el país mantiene la gestión de loterías y juegos de azar como un sistema para reforzar los presupuestos estatales. Los diversos juegos que opera el Estado y los que se licencian a terceros se gobiernan en el segundo nivel burocrático, a través de una dirección general que cuelga del Ministerio de Hacienda. El juego, como el tabaco, ejemplifica la paradoja que expresa el dicho: es placentero, peligroso, legal y rentable. Que la balanza se incline del lado de los beneficios dependerá de que no se disparen las consecuencias negativas.
Desde hace una década, y coincidiendo con la expansión de internet, estas licencias se han multiplicado debido a la aparición de un nuevo nicho: el juego online y las casas de apuestas. A día de hoy existen 54 firmas con autorización para explotar juegos como apuestas deportivas, máquinas de azar y otros formatos clásicos como partidas de póquer o blackjack. Reservado para mayores de edad, el juego es tremendamente popular y accesible a través de la publicidad y las nuevas tecnologías. Todas las variantes tienen en común el componente de diversión, la posibilidad de ganar dinero, la más probable de perderlo y, sin excepción, el riesgo de generar adicción.
Estas condiciones crean un entorno que atrae a muchos tipos de personas distintos. Jugadores profesionales, tipsters o pronosticadores, jugadores aficionados y otros de carácter problemático como estafadores, criminales y ludópatas. Este último grupo se dispara en paralelo a las casas de juego: el registro de apostadores inscritos en el registro de autoprohibidos, es decir, la lista de personas que piden voluntariamente o por prescripción médica a las casas que no les permitan jugar, ha crecido en la Comunidad de Madrid un 320% en cinco años. Según recoge el diario El Confidencial, en 2013 había 4.227 personas registradas mientras que a finales de 2017 la cifra ascendía a 17.735 apuntados.
Pues básicamente, aparte de utilizar el sentido común en los casos habituales de fraude para proteger nuestros bienes (sí, el timo del nigeriano y el tocomocho, en sus diferentes versiones más o menos elaboradas, siguen encabezando el ranking para la policía), debemos asegurarnos siempre de seguir estos pasos:
- Comprobar que el documento de identidad es auténtico (hoy en día ya existen soluciones como NeoCheck Online® a disposición del público general para que personas que no sean expertos forenses puedan realizar de manera sencilla este tipo de verificaciones, o se puede formar al personal de bancos y entidades en diferentes cursos online y seminarios).
- Comprobar que la persona que lo porta es aquella a quien se le emitió (de nuevo la tecnología nos ayuda y ya supera la capacidad humana para reconocer rostros).
- Comprobar que el individuo está cualificado para recibir el servicio que le vamos a proporcionar comprobando las diferentes listas de control de que dispongamos con su historial. Por ejemplo, si vamos a alquilarle un piso, el RAI bancario, registro ASNEF, etc.
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Los bonos de captación de los operadores, mediante los que se regala dinero a los nuevos usuarios para iniciarlos en el juego, han generado un gran interés por el robo y la venta de DNIs en el mercado negro. Tener varios de estos documentos multiplica las posibilidades de darse de alta y crear nuevas cuentas. Permite, incluso, saltarse la autoprohibición. Y el crimen, siempre necesitado de hacer inversiones que le permitan blanquear dinero, también ha incrementado su presencia en este negocio. La desmesura de las apuestas es una tapadera perfecta.
Por todas estas razones, y ante el riesgo de desequilibrio del sistema, el Estado acaba de reforzar la legislación para endurecer el control de identidad de los jugadores. El pasado 31 de octubre, la Dirección General de Ordenación del Juego modificó tres resoluciones de la Ley 13/2011 de Regulación del Juego con objeto de “reforzar la protección de los jugadores, el control sobre su identidad e incidir en la lucha contra el fraude y blanqueo de capitales”, según el nuevo texto legal. Los cambios entrarán en vigor en marzo de 2019, por lo que los operadores tienen cinco meses para adaptarse a los nuevos requisitos.
Los novedades son relevantes. Desde ahora, en cada partida debe quedar verificada la identidad del usuario, con un registro que amplía los campos que permiten trazar quién, cómo y dónde se accede a la plataforma. Así, es obligatorio incluir la IP desde la que se conecta, el tipo de dispositivo e incluso el ID del móvil, ordenador, tableta o máquina desde donde se produce la apuesta. El objetivo, según la propia resolución, es prevenir la suplantación de identidad.
En los próximos días, la Dirección publicará un manual técnico con los sistemas recomendados para cumplir con la nueva regulación. En NeoCheck, con nuestro
sistema de onboarding y nuestras
soluciones biométricas para la trazabilidad de los clientes, facilitamos a los operadores la puesta al día de sus sistemas.
Más transparencia, mejor control y más garantías de protección para los perfiles más vulnerables. El tiempo dirá si con estas medidas la virtud pública y los beneficios para el sistema siguen pesando más que la suma de los inevitables vicios particulares.
