Beit Bridge, Zimbabwe. Una cola de vehículos ocupa varios kilómetros de la carretera que conecta el país con Musina, uno de los principales puntos de acceso a Sudáfrica. Ambos estados parecen cercanos, pero la miseria que conoce una parte de la población del segundo asola todo el territorio del primero.

En los vehículos viajan trabajadores y transportistas con permiso de tránsito pero también centenares de personas que huyen de la persecución, la guerra o la pobreza que mantiene a Africa central y meridional en una sempiterna crisis. Son migrantes que buscan refugio y a los que no detendrán las trabas burocráticas que puedan encontrar. Lo saben bien las mafias del tráfico de seres humanos que les esperan con cantos de sirena a su regreso de los controles fronterizos. Sudáfrica, a pesar de vivir un largo repunte de inseguridad y desempleo, es la economía más sólida del continente y un país con garantías democráticas para sus 50 millones de habitantes desde que se abolió el apartheid en 1994. Significa, para el sur del continente africano, lo que España e Italia al norte del Mediterráneo: una tierra prometida al confín del mundo donde empezar una vida nueva. Para muchos, cueste lo que cueste.

Existen otros 50 puntos de acceso a Sudáfrica desde las fronteras de Namibia y Botswana, con un nivel de desarrollo similar, y Zimbabwe y Mozambique, estados ambos a la cola del desarrollo mundial. La entrada ilegal de personas, sumada a los interminables procesos de concesión de asilo -existen unos 800.000 demandantes que esperan hasta diez años la resolución de su expediente-, se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Department of Home Affairs, el departamento de Interior sudafricano. Durante el pasado año se produjeron numerosos ataques violentos de la población local contra los inmigrantes y solicitantes de refugio. Les acusan de abaratar el trabajo y hundir una economía que es en realidad muy desigual: la renta media de 13.000 dólares anuales es una careta estadística tras la que se esconden 14 millones de sudafricanos que viven con menos de un dólar y medio al día.

Para reducir el problema, el Estado ha lanzado un programa centrado en acabar con el fraude en la solicitud de asilo. Desde principios de 2018, siete puestos fronterizos han implantado un sistema piloto de comprobación de identidad con dispositivos de biometría. La meta de este proyecto que el gobierno ha contratado con NeoCheck es cribar de forma rápida los casos postigos, negativos y falsos.

La documentación es un equipaje vital para los refugiados, pero no siempre los portan con ellos. En estos papeles se encontraría la única información de que dispone el país de acogida para comprobar la veracidad del caso y la oportunidad del refugio. Así, durante la entrevista que se realiza en los centros de inmigrantes como el de Musina y previo consentimiento firmado del solicitante, si no existe ningún pasaporte en regla,  se toman huellas de firma facial y dactilar que se compilan en una base de datos con el histórico de casos. “El cruce de datos permite comprobar que se trata de la persona que dice ser o si por el contrario es un impostor que ya ha pedido asilo en anteriores ocasiones y se lo hemos denegado”, explica el responsable policial y administrativo del programa “Ahora podemos rechazados en la frontera ahorrando mucho tiempo y dinero”.

El proyecto se encuentra en fase de prueba durante el primer semestre de 2018, pero las autoridades sudafricanas tienen previsto implantar la solución en otros 32 puntos de la frontera terrestre del país. En este momento se confirmará la utilidad de la tecnología biométrica para garantizar el derecho al asilo de quienes legítimamente pueden contar con la protección de Sudáfrica.